El Gobierno de la Ciudad de México ha iniciado una investigación contra un grupo de exfuncionarios capitalinos por la firma de diversos contratos de suministro eléctrico con la subsidiaria estatal CFE Calificados SA de CV, se presume que estos contratos formaban parte de un esquema de triangulación de recursos para beneficiar a la empresa privada EVM Energía del Valle de México, propiedad del empresario Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, quien actualmente se encuentra prófugo en Estados Unidos y enfrenta acusaciones de corrupción, lavado de dinero, fraude y evasión fiscal.
Los contratos bajo investigación superan los 400 millones de pesos y contienen anexos que especifican que la energía debía ser adquirida a CFE y de acuerdo con los registros de la Comisión Reguladora de Energía, dicha planta pertenece a EVM Energía del Valle de México. Esta información se encuentra documentada en la Plataforma Nacional de Transparencia, específicamente en el anexo 4 de los contratos, donde se detalla la ubicación exacta de la central eléctrica.
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Los otros fraudes de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández con Grupo TUM
En 2020 se firmaron dos contratos con estas características: el folio 1037 entre Sacmex CDMX y CFE Calificados SA de CV por un monto de 91 millones 900 mil 316 pesos con 38 centavos para el servicio de energía de marzo a diciembre de ese año, y el contrato 1020, firmado el 31 de diciembre de 2020 por 33 millones 399 mil 655 pesos con 41 centavos, con vigencia del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
Durante 2022, el esquema continuó con el contrato 1012, por 32 millones 276 mil 073 pesos con 58 centavos, ejecutado entre el 1 de enero y el 31 de marzo de ese año. En 2023, se firmó el contrato 1029 con las mismas condiciones por un monto de 151 millones 13 mil 938 pesos con 90 centavos.
El empresario Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, principal beneficiado con estos contratos, también está vinculado con Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), una empresa que ha recibido multimillonarios contratos en el sector público y que ha sido señalada por presuntas irregularidades. La investigación del Gobierno de la Ciudad de México busca esclarecer la legalidad de estas transacciones y determinar la posible responsabilidad de los exfuncionarios involucrados.
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